La Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Granada afirma que el sector "no puede soportar más" los impagos acumulados de la Junta y aboga por que el Gobierno "intervenga" la Consejería de Hacienda para que de ese modo haga frente a sus pagos, al considerar que esta situación está llevando a la quiebra a numerosas empresas "arrastrando", a su vez, miles de puestos de trabajo.

El secretario general de la ACP, explica que la deuda total con las empresas granadinas supera ampliamente "los 33,8 millones de euros sólo en la provincia de Granada" y alcanza "los 300 millones en todo el territorio andaluz".

En Granada, existen más de 250 certificaciones sin pagar correspondientes a la creación de infraestructuras educativas, sanitarias, de agua y medio ambiente; aunque el mayor montante de la deuda, 11,6 millones de euros, corresponde a los trabajos ejecutados para la Agencia de Obra Pública.

En lo que se refiere a los proyectos con cargo al Plan Ola, el sector afirma que "no se ha pagado nada desde el 28 de diciembre de 2012", de modo que llevan "un año trabajando sin cobrar para el Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos".

En este sentido, censuran que el Gobierno andaluz aluda a los puestos de trabajo que genera el Plan de Oportunidades Laborales en Andalucía (Plan OLA), cuando son los contratistas de obra pública los que asumen esas contrataciones "por su cuenta y riesgo" sin que luego se les abone el dinero para hacer frente a los salarios.

"Eso no es generar empleo", mantienen desde la ACP, la cual explica que para el sector supone un problema la obligatoriedad de tener que contratar a nuevos empleados que, al no pertenecer a la empresa, no siempre cuentan con los conocimientos necesarios, además de que supone un coste añadido tener que mantener estas nuevas contrataciones junto a las plantillas fijas que tienen las empresas.

Caminos

Respecto a los proyectos destinados a los arreglos de caminos, el sector está teniendo "serios problemas" para cobrar los trabajos realizados, ya que estas actuaciones se realizan a través de subvenciones a los ayuntamientos y se está dando la circunstancia de que muchos de ellos han perdido, por diversos motivos, el derecho a la ayuda, por lo que no tienen capacidad económica para afrontar el pago.

En la misma situación se encuentran las liquidaciones de obra de la Agencia de Medio Ambiente y Agua en lo relativos a infraestructuras hidráulicas encomendadas a la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa), que está dilatando el pago de los contratos ya ejecutados.

El sector reprocha a la Junta que no haya aprovechado en este tiempo los planes de pagos a proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para "sacar las facturas de los cajones" y saldar la deuda, que está poniendo en peligro su "supervivencia". En este contexto, los empresarios mantienen que las liquidaciones de la Agencia de Medio Ambiente y Agua